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Acepto que se haya colocado la señal que indica que se pueda doblar a la izquierda. Y que luego de una serie de acontecimientos cuidadosamente analizados, se toma la sabia decisión de prohibir el giro. Ello debe venir con un informe técnico sustentatorio, hecho por un especialista, que debe ascender por diversas instancias hasta que se firme el documento aprobatorio.
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Lo que más tenemos en el país es la discontinuidad. Vienen y van los gobiernos, y las políticas de Estado, que justamente así se llaman porque debieran trascender lo pasajero, se ven siempre sometidas a las improntas personales, coyunturales o (mal)intencionadamente políticas que sobreponen otros intereses a los más importantes. Con ello no quiero decir que no deban existir correcciones, cambios de rumbo o que el Poder Legislativo no puede hacer su trabajo de dictar leyes que sirvan al país. El punto crítico para mí es la debilísima institucionalidad de los organismos gubernamentales. No sólo ocurre en los grandes ámbitos de decisiones sino también ocurre en los niveles más técnicos y operativos. Lo que uno avanza el otro lo deshace. Y lo siguiente seguirá ocurriendo.
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Lo peor es que no es un problema de falta de planificación. En el Estado existe un organismo rector en esto (CEPLAN), y además hay un mandato para que todos los niveles de gobierno tengan planes. El país tiene uno, llamado Plan Bicentenario. También el Acuerdo Nacional.Y luego de ese de desprenden muchos otros: Plan Sectorial Multianual, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual. También hay planes interregionales, municipales, temáticos. Es decir, por falta de planes no nos quedamos.
El punto crítico es la implementación y sistemática contuidad de las políticas. Aquí tenemos a una PCM que no tiene equipo para ello (CEPLAN está allí). La alternativa que ha surgido, y que es bien interesante, pero con limitantes serias es el Presupuesto por Resultados. Es un instrumento consignado en la Ley General de Presupuesto, es impulsado y regulado por el MEF y permite la planificación, implementación y evaluación de acciones, donde se organiza al Estado en función de la consecución de resultados que llevan a acortar brechas, mejorar la calidad de vida, entre otros. La ventaja es que el presupuesto se calcula (o debería) en forma multianual y eso asegura la continuidad de las actividades, y al mismo tiempo, también la misma línea de intervención.
Ahora, los PpR son un desafío grande aún. El enfoque presupuestal es muy fuerte, la organización matricial que propone es compleja, y la articulación con los otros gobiernos (regionales y locales) y otros sectores complejiza mucho más todo. Pero bueno, será ocasión para explayarme en otro post, donde les cuente de la organicidad del Estado.